CDMX.- Organizaciones internacionales alertaron sobre los riesgos que implicaría la aplicación de un modelo exclusivo de financiamiento privado para los partidos políticos.

De acuerdo con una investigación del Senado, hay una tendencia mundial para tratar de reducir o impedir la influencia de las grandes empresas en las decisiones democráticas de los países.

Según el documento, el Comité de Normas de la Vida Pública de la Oficina del Primer Ministro de Reino Unido reportó problemas por la influencia de los "grandes donadores privados" en las actividades electorales.

"El reporte afirma que son necesarias las limitaciones de las contribuciones privadas, hacer más accesible la información de los donadores y, en particular, incentivar que los partidos se financien de las contribuciones de sus militantes, en especial por medio de incentivos fiscales", refiere.

Por su parte, el Consejo de Europa reveló que es necesario reducir la dependencia de los partidos a las "grandes donaciones" y el finamiento por medio de contribuciones de los militantes.

"Enfatiza la necesidad de revisar y regular las actividades de los partidos mediante las fundaciones o centros de pensamiento que tengan a su disposición, los recursos que reciben de sus grupos parlamentarios y de la capacidad que estos partidos puedan contratar deuda con bancos", señala estudio del Instituto Belisario Domínguez (IBD).

Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, hay un problema de "conflictos de interés" entre los donadores privados a campañas, cabilderos y legisladores electos.

La fundación IDEA incluso recomendó que se reduzcan las grandes donaciones para permitir sólo pequeños montos, además de advertir sobre los casos de corrupción registrados en América Latina, vinculados a la recaudación de fondos para campañas.

En el análisis se advierte que, más allá de la intención de eliminar la totalidad del financiamiento público a los partidos, es necesario calcular la cantidad de dinero que se entrega, los topes de gastos de campaña como motivo de nulidad, los alcances del modelo de fiscalización, el crecimiento del gasto electoral operativo y la presencia de dinero sucio y gubernamental en las campañas.

El IBD plantea la importancia de revisar el modelo de aplicación de multas, para determinar si es necesario avanzar a castigos como la cancelación del registro de un partido por actos reiterados y graves en materia dinero público, sancionar directamente a los candidatos y no sólo a los partidos, o la pérdida temporal de la capacidad para registrar candidatos.

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