México.- El sistema legislativo de México es de los más caros del mundo, solo por debajo de los de Nigeria e Italia, con relación a la dieta de los diputados, reveló un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Al dar a conocer los resultados del Informe Legislativo 2016, el director general de ese organismo, Juan Pardinas destacó que el presupuesto que ejercerán los 32 Congresos locales del país, integrados por mil 125 diputados, es de 13 mil 066.5 millones de pesos.

Es decir, sostener al total de legisladores cuesta más que el presupuesto de Baja California Sur, que en este año ejercerá 12 mil 647.1 millones de pesos, expuso Pardinas, acompañado por Manuel Guadarrama, coordinador de Finanzas, y el investigador Ramiro Suárez.

Además, dicha cifra representa el presupuesto acumulado de 746 municipios en el 2013, y un promedio de 402 millones de pesos por congreso local.

Los Congresos locales que ejercen más presupuesto son del Estado de México y la Asamblea Legislativa, en la capital del país; al respecto, cuestionó la existencia de diferencias presupuestales cuando los legisladores locales cumplen la misma función.

Las legislaturas locales de la Ciudad de México, Baja California, Estado de México, Sonora y Jalisco representan un presupuesto superior al de la Cámara de Diputados.

Esos cinco congresos suman un presupuesto por diputado de 21 millones de pesos, mientras que el de San Lázaro es de 15.1 millones de pesos, y son 500 diputados federales.

Otro dato que revela este estudio, el cual se basó en 608 solicitudes de información, la revisión de 32 sitios web, la evaluación de 65 leyes estatales y 32 tomos de la cuenta pública, es que el aguinaldo que se destina en algunos Congresos es de 90 días, como es el caso de San Luis Potosí, contra el de Guerrero que otorga el mínimo que marca la ley que, de 15 días.

Otros gastos que se detectaron en el análisis fueron sobre los servicios oficiales, que comprende la celebración de actos, ceremonias oficiales y gastos de representación.

En este rubro, el Congreso de Puebla destina 66 millones 497 mil 279 pesos; Chihuahua, 72 millones 629 mil 226 pesos, y Sonora, 112 millones 317 mil 009 pesos.

Con relación a la transparencia, el cumplimiento que tienen los 32 congresos en promedio es de 31 por ciento; y de las obligaciones de contabilidad gubernamental, solo 10 publican su información contable; seis dan a conocer su información presupuestaria; siete publican su información programática, y tres su presupuesto ciudadano.

Además los congresos que no armonizaron su legislación con la Ley de Transparencia en la fecha oficial, que fue el 5 de mayo de 2016 fueron: Aguascalientes, Colima, la Ciudad de México, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas.

En cuanto al desempeño legislativo, refirió que los congresos de Jalisco, Ciudad de México, Campeche y Veracruz sesionan entre 150 y 180 días; Nuevo León, Quintana Roo y Nayarit, de 200 a 212 días, y Baja California, Durango y Querétaro laboran los 365 días del año.

A través del estudio, se descubrió que la mayoría de las iniciativas que aprueban los congresos locales son las que propone el Ejecutivo estatal.

Los estados que más empleados tienen son la Asamblea Legislativa con mil 501; el Estado de México, mil 150; mientras que Coahuila y Colima emplean solo a 100.

En el informe también se revelan buenas prácticas, por ejemplo, en Guanajuato a través de su portal los ciudadanos pueden conocer los procesos legislativos de cada una de las iniciativas; el de Tamaulipas tiene un micrositio que contiene obligaciones de transparencia, y el de Baja California da a conocer el desglose de su información financiera.

El director del IMCO concluyó que, con base en el estudio, persiste la opacidad en los congresos locales, se incumple la ley general de Contabilidad Gubernamental, se realiza manejo arbitrario en la asignación y ejecución de los recursos, entre otros.

Por ello, propuso que los mil 125 diputados cumplan con las leyes que legislan, elaboren presupuestos de acuerdo a la norma y buena práctica de la contabilidad gubernamental, se regulen y administren la asignación de recursos.

Asimismo, que se apeguen al presupuesto de egresos aprobado y expidan una ley que obligue a los diputados a estimar el impacto presupuestario de cada iniciativa de ley.

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