Sonora.- “Acá no lo vamos a hacer, pero si quieres te pago el boleto de avión para que te vayas a la Ciudad de México y te lo hagas allá”; esta fue la respuesta que las autoridades de Sonora dieron a una niña de 14 años que pidió interrumpir su embarazo, fruto de una violación.

Es el caso de Citlali, una joven indígena huichola que quedó embarazada por una agresión sexual, pero que se encontró con la negativa de un hospital de Hermosillo, porque un juez reclasificó el delito de violación como estupro, porque supuso que hubo consentimiento por parte de la menor.

Para el Grupo de Información de Reproducción Elegida (Gire), que asesora a la familia en el caso, el que sea violación o estupro resulta indiferente. “Es un tecnicismo, lo que tiene que contemplar la ley es que haya una agresión sexual”, señaló ayer a Efe la directora de la asociación, Regina Tames.

El Código Penal Sonora establece penas de cárcel para las mujeres que aborten de hasta seis años, con dos excepciones: violación o riesgo para la salud de la madre. Sin embargo, para solicitar un aborto no es necesario hacer una denuncia por violación, recuerda Tames. “Por un lado corre la vía de la investigación contra el agresor y por otro el derecho que tú tienes, y lo que Sonora hizo fue juntar los dos (...) y eso no es para nada lo que dice la norma de salud”.

La gobernadora de la región norteña, Claudia Pavlovich, defendió el martes la actuación de las autoridades porque “la Secretaría de Salud está imposibilitada legalmente” para facilitar el aborto, por tratarse del delito de estupro.

Pero Tames señala que, tanto en este caso como en otro ocurrido en Durango, en el que tampoco concedieron la interrupción a una víctima de violación, las autoridades ofrecieron a las familias de manera extraoficial un boleto de avión para que pudieran viajar a la capital, donde el aborto libre es legal hasta las 12 semanas.

II EFE

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