La aplicación del nuevo Sistema de Justicia Penal retarda la aplicación de justicia para las mujeres que son violentadas, incluso las vulnera porque el agresor enfrenta el proceso en libertad.

El nuevo Sistema de Justicia Penal privilegia mucho los derechos humanos del inculpado y deja de lado los derechos de la mujer víctima de violencia, retarda el proceso de aplicación de justicia y a ella la expone a que quien la agredió estén en libertad y la vuelva a atacar.

Lo anterior fue expuesto por la abogada del Colectivo Feminista Cihuatlahtolli, Luz María Reyes quien fue enfática en señalar que por estrategia legal, los abogados de los inculpados están difiriendo las audiencias con el fin de que haya un desgaste en la mujer.

“Qué significa para una mujer el estar atendiendo un proceso legal, o sea, desde dejar hijos y trabajo, traslado, los gastos que le representa; después de cuatro o cinco audiencias diferidas ya no le van a quedar ganas de seguir en ese proceso”, comentó.

Esto, denunció, deja una sensación de que no hay verdaderamente una impartición de justicia pronta y expedita para ella.

“Por estrategia legal lo vienen haciendo los abogados, viene difiriendo las audiencias; la estrategia es que el inculpado cambia de abogado y como según se acaba de incorporar, necesita tiempo para checar el expediente, entonces la difieren una y otra vez”, comentó.

Con esto se corre el riesgo de que la mujer abandone el proceso porque a ella le representa un gasto de tiempo y dinero, gastar sus recursos que muchas veces son pocos.

El acceso a la justicia para una mujer violentada, no se está viendo reflejado con la aplicación del nuevo Sistema de Justica Penal, “se están privilegiando mucho los derechos humanos del inculpado, pero los derechos de la víctima no”.

Por ejemplo, en el caso de una agresión a una mujer por parte de su pareja, al no estar él encarcelado y enfrentar el proceso en libertad, ella corre mucho más riesgo de un ataque por parte de su agresor, incluso está en riesgo su vida.

“Lamentablemente los tipos penales de delitos de género no son delitos graves, entonces el inculpado puede enfrentar su proceso en libertad, que se supone también deben implementarse medidas para reducir el riesgo, pero no son efectivas”, comentó la abogada del Colectivo Feminista Cihuatlahtolli.

Explicó que la efectividad de esas medidas cautelares, como órdenes de restricción, no son funcionales debido a que los municipios, no tienen los suficientes elementos policiacos para llevarlas a cabo.

A excepción de Orizaba, los municipios de la región, como Nogales, apenas tienen tres patrullas y un número mínimo de elementos, y puede ser que haya muchas órdenes de restricción o cuidado y vigilancia de mujeres víctimas y no se da abasto para cumplirlas porque no tiene el suficiente número de elementos ni unidades para atenderlas.

Legalmente está cubierta la formalidad de las medidas cautelares, pero realmente no es tan efectivo porque no se tiene el personal suficiente para atender y dar esa protección a las mujeres.


Jessica Ignot

EL MUNDO DE ORIZABA