Ciudad de México.- La Procuraduría General de la República (PGR) arrancó formalmente una investigación penal en contra de quien resulte responsable tras el hallazgo de 25 empresas en Veracruz que recibieron múltiples contratos del gobierno de Javier Duarte, pero que no existen en sus domicilios fiscales ni hay evidencia material de que alguna vez hayan estado en operación.

La dependencia informó a Animal Político que la indagatoria inició a partir de las primeras denuncias que ya interpuso el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ante el Ministerio Público Federal, en la que confirmó la inexistencia de dichas compañías. Por cada empresa, se comenzó la integración de una averiguación previa.

Los trabajos de investigación están a cargo de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Subprocuraduría de Delitos Federales, que la semana pasada desplegó un operativo en la entidad con agentes ministeriales, policías y peritos enviados desde la Ciudad de México, para realizar las primeras comprobaciones y recabar declaraciones.

Debido a que se trata de averiguaciones de tipo penal, la PGR no proporcionará los resultados hasta que no se lleven a cabo las consignaciones, pero autoridades ministeriales indicaron que se verificarán las operaciones bancarias de estas compañías, desde sus movimientos hasta las personas que abrieron las cuentas.

Una de las personas cuyo domicilio fue utilizado para dar de alta el domicilio fiscal de varias empresas falsas, confirmó que agentes de la PGR lo visitaron para verificar su propiedad y recabar su declaración.

El pasado 24 de mayo Animal Político publicó la primera parte de un reportaje, en el que se reveló que el gobierno de Veracruz había entregado 645 millones a 22 empresas fantasma. El SAT inició una investigación que amplió a 26 compañías, y confirmó que 25 en efecto no existen, y que sus operaciones rebasarían los tres mil millones de pesos.

Por otro lado la PGR confirmó que la semana pasada funcionarios y exfuncionarios estatales del gobierno de Veracruz rindieron declaración en su delegación estatal, pero declinó revelar los motivos o cualquier otro dato por tratarse de indagatorias en curso.

El operativo

La semana pasada un equipo de la PGR encabezado por el fiscal Héctor de la Paz Cázares, titular de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, se trasladó al estado de Veracruz para realizar la revisión de cada uno de las direcciones fiscales de la red de compañías fantasma, entre otras diligencias.

Los agentes, que se dividieron en dos grupos, además de verificar las direcciones tomaron declaraciones ministeriales. Peritos en materia de criminalística y fotografía dela Dirección de Servicios Periciales de la PGR participaron en el operativo de investigación para recabar elementos de prueba.

Cristóbal Álvarez vive junto con su padre en un predio del puerto de Veracruz donde debería estar una de las compañías fantasma de esta red según su dirección fiscal: Carrirey SA de CV. Confirmó que seis personas que se identificaron como funcionarios de la PGR acudieron a su domicilio para recabar sus datos e inspeccionar el lugar.

Explicó que su papá José Álvarez Molina, propietario del predio, rindió una declaración a los agentes en la que narró que nunca dio autorización para que su domicilio fuera utilizado para dar de alta alguna empresa, pero que aun así le llegan estados de cuenta bancarios de Carrirey y de varias empresas más que son falsas.

Los propietarios contaron a los agentes que en el último año intentaron reportar al banco y en las oficinas de la Secretaria de Hacienda esta situación, pero no le hicieron ningún caso.

La situación en el último mes, según Cristóbal Álvarez, ha sido distinta pues ya fueron visitados por funcionarios del SAT a finales de junio, y ahora por el personal de la Procuraduría.

Como parte de esta investigación, la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la PGR también revisará la forma en que fueron constituidas todas estas compañías, así como sus socios y representantes legales.

Animal Político publicó que las personas que aparecen como socios en las actas constitutivas de estas compañías tampoco son empresarios, sino se trata en su mayoría de personas de bajos recursos que reconocen haber dado documentos y firmasen campañas de promoción del voto del PRI o a cambio de supuestos apoyos.

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