II Yamilet Gámez

El Mundo de Orizaba


Si el presidente Donald Trump cumple su amenaza de expulsar a casi tres millones de indocumentados de Estados Unidos, las deportaciones podrían convertirse en la segunda causa de desintegración familiar, existiendo la probabilidad de desplazar a los divorcios.

Según la Encuesta Intercensal de 2015 expuesta por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se habían registrado en México 123 mil 883 divorcios y en el último año del gobierno de Barack Obama fueron deportados 196 mil 497 personas, según estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional del vecino país a julio del 2016.

Estos deportados podrían sufrir desintegración al dejar su familia en Estados Unidos.


Deportaciones masivas

Gabriel Miranda, encargado de la Pastoral Familia de la Diócesis de Orizaba, consideró que las deportaciones son la segunda causa de desintegración familiar, no obstante, existe una línea delgada entre convertirse en la primer causa de desintegración familiar, ya que a días de tomar el gobierno Trump, ya se registró la primera deportación masiva de mexicanos, pues el pasado martes arribaron a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México 135 connacionales y se espera que en los próximos meses se registren más deportaciones.

Gabriel Miranda lamentó que el vecino país esté tomando decisiones que dañan al núcleo familiar, además de poner en riesgo la vida de los paisanos repatriados, ya que con tal de estar con su familia, harán todo lo que esté en sus manos para regresar con su familia, “Es una problemática social muy fuerte que el señor Trump no está tomando en cuenta, no se están analizando las consecuencias”.

Destacó que los jóvenes, al no poderse reunir con sus padres podrán crecer con un resentimiento amenazante, “Crecerán bajo el influjo de alguna droga, de amigos, todo eso va afectar a la sociedad de ese país, porque pueden buscar venganza y después a Estados Unidos no le van a alcanzar los dólares para solucionar ese problema social”.

Y mencionó que la tarea del Gobierno mexicano debe estar centrado en vigilar que no se violen los derechos humanos de los mexicanos indocumentados.